Memorias vivas

Por supuesto, cualquier ciudadano  tiene derecho a escribir y publicar lo que quiera sobre sus vivencias en este mundo. Las libertades cuestan muchas veces años, siglos de lucha, y  la libertad de expresión no ha sido precisamente fácil ni gratuita.

Las «memorias vivas» están de actualidad. A pesar de la crisis del sector, tienen buena acogida en las editoriales y buena rentabilidad. Al ser humano le  gusta verse reflejado en las galeradas de un libro escrito por alguien  famoso y lo compra. Pura estrategia comercial.

El ex president de la Generalitat, D. Jordi Pujol, acaba de presentar su tercer y último volumen de memorias.

Coincidí con él desde la Capitanía General de Barcelona durante dos de sus veintitantos años de mandato, en lo que considero una buena relación leal y respetuosa. Eran tiempos difíciles y agitados  marcados, tras las elecciones del 2000, por el divorcio entre el Gobierno del Partido Popular y Convergencia y Unió. Cuatro años antes habían formado una coalición sellada en el Majestic, pero la mayoría absoluta de los populares propició el divorcio al no necesitar los votos de los convergentes para gobernar. No fue una separación tranquila. De ello se resintieron, entre otras cosas, las cristaleras de la Delegación del Gobierno y de paso las de aquella Capitanía General que no tenía nada que ver con aquel entierro. Una inteligente y recordada delegada del Gobierno, Julia Garcia Valdecasas me tranquilizaba: «Las cristaleras se reponen». Un joven concejal convergente sufrió la fractura de un brazo en una carga policial. Cuando con el tiempo hicimos buena amistad le señalaba: «Un brazo partido es poco para que seas famoso y hagas carrera política; si quieres, encargo que te sacudan mas fuerte».

Pero volviendo al hoy, el ex president Pujol, teóricamente retirado de la política, interpreta en clave de memorias problemas latentes. Tiene demasiado cerca a familiares y amigos comprometidos con la política del día a día, como para alzar la visión y verlo todo con la sabia objetividad que da la experiencia.

Así, arremete contra el Constitucional y contra la política –siempre– que llega de Madrid. «Sin pacto fiscal –sentencia– Cataluña está muerta». Vamos, que condiciona la vida del Principado al «enemigo exterior», viejo argumento utilizado desde tiempos remotos por dictadores y absolutistas. Y lo dice en unos días en que Barcelona es capital mundial de tecnologías punta, cuando las exportaciones de productos farmacéuticos y de componentes del automóvil son positivas, cuando el turismo de verano y de invierno invade  costas, montañas y ciudades catalanas.

Desde luego, Cataluña no está muerta, ni en peligro de estarlo por mucho que lo pregone D. Jordi Pujol. Y el amenazante discurso de queja debería ponderarse con objetivos reconocimientos de errores internos como las prácticas de financiación de los partidos políticos –el discutido 3%–, los costes de ciertas aventuras imperialistas o los escándalos surgidos en la propia esencia del alma catalana, como es el caso del Palau de la Música. Ni el Constitucional ni Madrid, han tenido nada que ver en ello.

Ante esta situación de permanente queja, que encarna determinado concepto de independentismo, quiero referirme a la forma con la que, con pragmatismo anglosajón, han resuelto un problema histórico los canadienses respecto a Quebec.

Desde los 60, el francófono  «Parti Québécois» clamaba por un referéndum que canalizase sus deseos de independencia del resto del país, de mayoría anglófona. Lo consiguió en 1980, indagando sobre la posibilidad de encontrar una ambigua forma de soberanía-asociación, que fue rechazada por el 60% de la población. Pero, en 1995, volvió a la carga. La pregunta volvía a ser complicada y difusa. Pero consiguió casi el 50% de los votos. Entonces, el Gobierno Federal  elevó una consulta  a su Tribunal Supremo –que engloba lo que sería nuestro Constitucional –que en 1998 emitió un bien conocido dictamen  que en líneas generales señalaba: «El Derecho Internacional sentencia  que atributos particulares  de un grupo de ciudadanos –lengua, cultura, religión– no atribuyen un derecho unilateral a la secesión en un estado democrático».

Si los ciudadanos diesen respuesta a una pregunta clara sobre el particular –requisito no dado en los casos precedentes– el Estado debe negociar las reformas legales que permitan abrir este camino.
En este caso, un proceso de negociación debería redefinir fronteras, respetando por la misma teoría y espíritu, a las poblaciones del propio Quebec, que quisieran seguir formando parte de Canadá y no admitiesen la secesión.

Este dictamen convertido en ley –Clarity Act–, fue aprobado por el Parlamento canadiense  en diciembre  del 2000. Este ejercicio de clarificación tranquilizó las aguas. No valen más ambigüedades ni amenazas ni estatutos de privilegios. Hasta hoy no se habla en Canadá de un tercer referéndum.

He mezclado «memorias vivas» de aquí y de ultramar, invocando a la prudencia de las expresiones y a la objetividad de los juicios. Con respeto y claridad, por supuesto.

Artículo publicado en “La Razón”

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