¡Mi teniente coronel!

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó recientemente por «malos tratos» a cuatro miembros de la Guardia Civil que, en brillante y arriesgada operación, habían detenido en la noche de Reyes de 2008 a los asesinos de ETA Portu y Sarasola, que volaron uno de los edificios de aparcamientos de la terminal  T-4 de Barajas, llevándose en el atentado terrorista, que ponía fin a una más de sus treguas trampa, dos vidas que hubieran podido ser muchas más de no ser por la intervención eficaz de la Policía Nacional.

Con el título «Injusticias en el País Vasco», el Teniente Coronel(RA) de la Guardia Civil Serafín Rafael Gómez publicó el pasado 8 de enero en esta misma tribuna un estremecedor testimonio que transcribo: «He vivido personalmente la vergüenza de comprobar cómo un juez ‘‘integrado” presionaba a un detenido etarra  para que denunciase torturas, y la suerte de que, en este caso, el etarra fuera más digno que el juez y no aceptara mentir».

La denuncia es sumamente grave, en mi opinión. Señala un clima jurídico irrespirable.

Por supuesto el valiente alegato ha pasado desapercibido. ¡Bastantes problemas tenemos como para preocuparnos de la suerte de cuatro Guardias Civiles, dirán unos! Incluso alguien apostillará: «Seguro que se pasaron», sin pensar ni querer comprender que sacar a dos asesinos etarras armados de sus guaridas, no es tarea tan sencilla. ¿Cuántas horas dedicaron los miembros de la Guardia Civil hasta que los localizaron? ¿Quieren preguntar a sus familias cuántos minutos las vieron durante aquellas Navidades? ¿Se han preguntado cuánto nos costó a todos los españoles, aparte de las dos vidas de dos ciudadanos hermanos,  recomponer aquel aparcamiento? ¿O se han preguntado cuántas personas hubieran podido morir si no se hubiese evacuado a tiempo aquel edificio de cinco plantas?

Siento no tener la contundencia en la palabra de un Arturo Pérez Reverte, ni la elegante mordacidad de un Alfonso Ussía,  para reflejar lo que siento. Incluso me dan ganas de apelar al soez y prepotente verbo de una ministra. Pero, ¿qué nos pasa? ¿Es que sólo nos hace vibrar un gol en portería ajena, el insulto público o el incesto o cornamenta de cualquier petimetre  presentado en una televisión alimentada de  basura emocional?

Apela el teniente coronel a dos estamentos básicos para nuestra vida democrática. El primero, a nuestro Estado de Derecho. Tiene plena confianza en que la sentencia elevada al Tribunal Supremo clarificará los hechos. En segundo lugar apela a nuestros representantes en Cortes, a los que sutilmente acusa de no querer solucionar una dicotomía legal grave. La Audiencia Nacional se creó  –entre otras razones– para juzgar a los miembros de ETA en Madrid, evitando la «contaminación ambiental» que se vive en el País Vasco. No obstante, para juzgar a  Guardias Civiles y Policías Nacionales  denunciados sistemáticamente por miembros de ETA por «malos tratos o torturas» se apela  a una Audiencia Territorial –guipuzcoana o vizcaína–, fuertemente presionada por el ambiente social que rodea todo este mundo del terrorismo y sus afines. Bien puede imaginar el lector lo que provoca esta diferencia.

Por supuesto no todos los jueces están contaminados. Algunos han pagado con sus vidas su sentido del deber y la necesaria  independencia  del poder judicial. Pero hay otros, «temerosos permanentes, interinos sistemáticos y buscadores de antigüedad para recolocarse en el resto de España», que se integran perfectamente en lo que busca ETA. Por esto les llama «integrados» el teniente coronel. Su «modus operandi», ser permisivos con el entorno abertzale y sus manifestaciones, conceder terceros grados, facilitar matrículas universitarias, cuidar a sus necesitadas madres, por un lado; no dejar pasar una a los servidores del Estado, por otro.

Aunque sé que este alegato tampoco quitará el sueño a  gran parte de mi sociedad drogada por la imbecilidad, tratada como infantil; aunque sé que la condena a cuatro Guardias Civiles no merecerá el menor comentario en tertulias, dominicales o telediarios, por lo menos espero que algún miembro de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se tome en serio esta confrontación entre Audiencia Nacional y Audiencias Provinciales y proponga enmendar la ley correspondiente. Quisiera pensar que las autoridades de Interior lo han intentado alguna vez. Pero hoy andan en otros menesteres.

No hace falta que cuando se detiene a un comando ahoguen algunos su boca de halagos, ni que llenen sus pechos de condecoraciones, especialmente cuando mueren en acto de servicio. Policías y Guardias asumen sencillamente los riesgos de la cruel lucha antiterrorista, pero no son de «usar y tirar».

Cuando un teniente coronel de la Guardia Civil se lanza a decir lo que dice y lo firma con nombre y apellidos, no agazapado en un seudónimo como unos, ni tapado de nazareno con boina y  puño en alto como otros, es que algo grave aqueja a esta sociedad.

Es –creo yo– para pensarlo.

¡Gracias por tu valiente testimonio, mi teniente coronel!
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Articulo publicado en “La Razón”

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