Crisis y empleo público

Con este título, María Luisa Cano y Mario Garcés, presidentes de dos asociaciones de funcionarios públicos –Administración Civil del Estado y Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado–, publicaron recientemente (“El Mundo”, 29 de julio 2009) un magnífico estudio que defendía, con datos y razonados argumentos, a los servidores públicos a los que en épocas de vacas flacas la sociedad mira con recelo, acusándoles de los incrementos de plantillas, especialmente en administraciones territoriales. Frente a un bajo incremento de las administraciones estatales, constatan un 15% de incremento en las comunidades autónomas y un 12,6 en las locales entre 2004 y 2009, haciéndolas responsables de la “proliferación de entidades públicas que han propiciado la creación de nichos laborales, cuando no políticos, para determinadas personas, o la creación de contingentes de asesores híbridos, casta de elegidos entre la autoridad política y los propios funcionarios”.

El artículo obliga a una reflexión. No soy especialista, pero sí puedo referirme a una regla de oro que  ha implantado la canciller Angela Merkel en Alemania: el tanto por ciento asignado al personal que gestiona un ente público no debe sobrepasar el 50% del presupuesto ordinario del organismo en cuestión. La otra mitad se asigna a inversiones y servicios.

Repito que debería perfilarse en más o menos este 50%. No todas las situaciones son iguales. En el caso menorquín, la insularidad debe tener sus propios parámetros. Pero el concepto está claro.
Es tal el importe de las nóminas de ciertas administraciones, que los organismos se descapitalizan y no pueden pagar a sus proveedores por obras y servicios. Éstos, a su vez, cargan sus facturas porque saben que tardarán dos o tres años en cobrar. La administración sabe que las facturas vienen cargadas, pero aceptan el sistema, porque no pueden hacer otra cosa. Así, el circuito se convierte en bola de nieve. Más costes, más descapitalización, más endeudamiento, etc.
¿Quién paga este exceso? Usted, querido lector. Se recurre a las multas, al aumento de impuestos a expedientes sancionadores, pero no se cubren los gastos. El “ajuntamiento”, conjunto de personas que eligen a unos cargos y a unos funcionarios para que los administren, acaba siendo un “corregimiento” o sistema de represión de aquéllos, respecto a sus conciudadanos. Se pervierte el concepto. Algún día se le suministra circo en la plaza o en la arena de turno, y ¡a callar!

Pero es que, además, “estos contingentes, casta de elegidos entre la autoridad política y los propios funcionarios” de los que nos hablan los responsables funcionariales, crean un vicioso sistema de burocracia en forma de madeja liada en la maraña de leyes, normas, instrucciones, jurisprudencias y colecciones legislativas varias. ¿Quién se atreve hoy a montar una empresa? Por supuesto, medalla al valor al que lo intente. ¿Cuántas inversiones se han perdido en Menorca por miedo a los tiempos de gestión, a la dificultad legislativa o a la proliferación de organismos que complican las tramitaciones? Porque no siempre la “casta de elegidos” se deja cortocicuitar; exige su marchamo y su propio sello lacrado.

“Mucha ley, muerte de la república”, nos dice un viejo adagio del Derecho Romano. ¡Cuidado, que podemos morir de análisis, de informe sobre informe, de lacre sobre lacre! Mucha ley, y proliferan los escándalos financieros como nunca. Véase, si no, la evolución de la vida política en nuestra hermana Mallorca.

¿No estaremos matando entre todos la “res publica”, el bien público?
¿Estamos aún a tiempo de realizar una consultoria sobre la idoneidad de las plantillas de nuestras administraciones? ¿No sería saludable democráticamente conocer los tantos por ciento a que nos hemos referido? Va nuestra vida, pero sobre todo va el porvenir de los que nos siguen.

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